DAC7

Aspectos centrales

- DAC7 obliga a los operadores de plataformas digitales a reportar información de vendedores que faciliten venta de bienes, prestación de servicios personales, alquiler de inmuebles o alquiler de medios de transporte. Entran Airbnb, Vinted, Wallapop, eBay, Etsy y plataformas tipo Uber. - En España la transposición se hizo por Real Decreto-ley 7/2024 (que modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, RGGI), y la Orden HAC/72/2024 aprobó el Modelo 040, declaración informativa de operadores de plataformas. El plazo de presentación es el 31 de enero del año siguiente al de los datos reportados. - El umbral de reporte para venta de bienes es más de 30 transacciones al año o más de 2.000 euros en pagos al año. Por debajo de esos dos límites el vendedor queda fuera del Modelo 040. - Las sanciones llegan hasta 600 euros por registro omitido o incorrecto, con un tope de 600.000 euros por declaración. No es una cifra dramática para un marketplace grande, pero la consecuencia material va por otro lado: la AEAT cruza los datos del Modelo 040 con el Modelo 100 y el Modelo 200 del propio vendedor.

Lo que falla en la práctica

Vaya por delante que DAC7 todavía es una directiva joven. La primera campaña de reporte (datos de 2023, presentación en enero de 2024) fue, en muchos casos, un trámite. Los operadores cargaron lo que pudieron, marcaron la casilla y siguieron. La segunda campaña (datos de 2024, presentación en enero de 2025) ya empieza a ser otra cosa, porque la AEAT ha tenido un año entero para procesar el primer fichero y emitir requerimientos.

Lo que hemos visto en los encargos de auditoría de operadores de plataformas medianos es bastante repetitivo. La lógica de clasificación de vendedores está implementada, sí, pero nadie la ha probado contra la norma. El sistema separa "vendedores ocasionales" de "vendedores profesionales" según un umbral interno que la plataforma diseñó hace años por motivos comerciales, y ese umbral no coincide con los límites del artículo 54 ter del RGGI. El equipo de cumplimiento da por buena la clasificación porque "la lleva el sistema". El equipo de IT da por buena la regla porque "la fijó cumplimiento". Resultado: papeles flojos por los dos lados.

El segundo fallo recurrente vive en la definición de "ingresos brutos a reportar". DAC7 pide el importe íntegro de la contraprestación pagada o abonada al vendedor durante el período de declaración, sin descontar comisiones de la plataforma, retenciones ni reembolsos posteriores. He visto sistemas que reportan el neto porque ese es el dato que sale limpio del módulo contable. Si el auditor no abre el manual de la directiva delegada y compara, no detecta el problema. La cifra cuadra con la contabilidad de la plataforma, pero no es la cifra que pide el Modelo 040. Por lo que conozco, ningún sistema medio en España trae esto bien por defecto: o se ha tocado a mano la regla de cálculo, o reporta neto.

Lo que dice la norma

La Directiva (UE) 2021/514 modifica la Directiva 2011/16/UE sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Define al "operador de plataforma" como todo aquel que pone a disposición de los vendedores una interfaz que les permite conectarse con clientes finales para realizar una "actividad pertinente": venta de bienes, prestación de servicios personales, alquiler de bienes inmuebles o alquiler de cualquier medio de transporte.

En España, el Real Decreto-ley 7/2024 introduce el nuevo artículo 54 ter en el RGGI, que regula los procedimientos de diligencia debida y la información a reportar. La Orden HAC/72/2024, de 1 de febrero, aprueba el Modelo 040 con su diseño de registro y plazos. El plazo material es el 31 de enero del año siguiente al período declarado, con presentación telemática en la sede electrónica de la AEAT. Los datos a reportar incluyen identificación completa del vendedor (nombre, dirección, NIF, fecha de nacimiento si es persona física), identificadores de cuenta financiera donde se abonan los pagos, contraprestación íntegra abonada por trimestre, número de actividades pertinentes ejecutadas, comisiones, tasas e impuestos retenidos por la plataforma.

El régimen sancionador del artículo 54 ter.6 RGGI prevé una infracción específica por incumplimiento de la obligación de información, con multa de hasta 600 euros por dato omitido, inexacto o falso, y un máximo de 600.000 euros por declaración. La omisión total del Modelo 040 se sanciona como infracción del artículo 199 LGT.

Las normas de auditoría aplicables son las habituales. La NIA-ES 250 obliga al auditor a evaluar el cumplimiento del marco legal aplicable cuando un incumplimiento puede tener efecto material en los estados financieros, y la NIA-ES 315 (revisada) obliga a identificar los riesgos significativos asociados al entorno regulatorio del cliente. DAC7 entra por estas dos puertas en cualquier auditoría de operador de plataforma.

Donde vive el juicio profesional

No hay todavía consenso de mercado, y por lo que conozco la AEAT tampoco lo tiene del todo claro.

La primera zona gris es qué se considera "operador de plataforma" excluido del régimen. La directiva delegada permite excluir a los operadores que solo procesan pagos, los que solo ofrecen publicidad sin facilitar la conexión y los que solo redirigen al sitio del vendedor. Hay plataformas que se han colocado en esa frontera y han decidido que están fuera. ¿Son interpretaciones razonables o un brindis al sol? Yo lo tengo claro: si la plataforma cobra una comisión sobre la transacción, ya está facilitando la conexión a efectos del artículo 54 ter, por mucho que el contrato diga otra cosa. La AEAT no ha publicado todavía criterio interpretativo público, pero las consultas vinculantes que vayan saliendo en 2026 van a marcar el camino.

Aquí es donde el auditor se encuentra con una discrepancia razonable entre socios. El Socio A defiende la posición restrictiva: si el contrato del cliente con sus vendedores establece que la plataforma "solo procesa el pago" y los términos de servicio respaldan esa lectura, el cliente puede legítimamente quedarse fuera de DAC7, y al auditor no le toca recalificar la naturaleza del negocio. El Socio B (mi posición) responde que esa lectura confunde el contrato con la realidad económica: si la plataforma fija el precio, retiene la comisión antes de pagar al vendedor y arbitra disputas entre comprador y vendedor, está facilitando la conexión, punto. La NIA-ES 250 obliga al auditor a evaluar el cumplimiento sustantivo, no la etiqueta contractual. El Socio A tiene razón en que el auditor no es un inspector de Hacienda. Yo creo que el Socio B tiene razón en que tampoco es notario de la versión que el cliente prefiere contar. La línea correcta pasa por documentar el análisis de los hechos económicos y dejar constancia escrita de la opinión del cliente y de la nuestra.

La segunda zona gris vive en la materialidad del incumplimiento. Si una plataforma reporta 50.000 vendedores y dos de ellos están mal clasificados, ¿es eso una infracción material? Por la vía cuantitativa, la respuesta es no. La sanción máxima son 600 euros por registro, así que dos errores son 1.200 euros, ridículo frente a la cifra de negocios de cualquier marketplace serio. Yo creo que el auditor está cubriendo mal el riesgo si se queda ahí, porque la materialidad relevante es reputacional y operativa: la AEAT puede pedir aclaraciones sobre la metodología completa de clasificación, lo cual abre una inspección, lo cual paraliza al cliente durante meses. Esa cadena no aparece en ningún cálculo de materialidad de la NIA-ES 320, pero un socio con experiencia la pondera de forma intuitiva. Y aquí entra el incentivo perverso del propio encargo: el socio necesita el cliente, los honorarios del trabajo de cumplimiento DAC7 no dan para abrir cuatro frentes con el director financiero, y la presión natural es sacar adelante con lo que hay y dejar la observación dura para el año siguiente. He estado en esa conversación más de una vez y no es agradable.

Una segunda lectura del régimen ayuda a entender por qué esto importa más de lo que parece. DAC7 no es solo un Modelo 040 más en el calendario fiscal. Es la primera obligación europea armonizada que convierte a la plataforma digital en agente fiscal de facto del vendedor. Cuando el sistema esté maduro (calculo que en 2027-2028), la AEAT dispondrá de un fichero anual con los ingresos de plataforma de prácticamente todos los autónomos y particulares activos en marketplaces, lo cual cambia la economía de la inspección de IRPF e IVA. El operador de plataforma deja de ser un sujeto fiscal aislado para convertirse en proveedor de información de masas. Esa transición silenciosa, no la sanción de 600 euros, es la consecuencia de fondo del marco.

Ejemplo práctico: marketplace de artesanía con 50.000 vendedores

Plataforma ibérica de venta de artesanía, sociedad limitada con domicilio social en Barcelona, cifra de negocios de 8,2 millones de euros en 2024. La plataforma facilita venta de bienes entre vendedores particulares y profesionales radicados en España, Francia, Italia y Alemania. En el primer Modelo 040 (presentado el 30 de enero de 2025 por datos de 2024) reportó 50.000 vendedores activos.

Paso 1: revisión de la lógica de clasificación. El auditor extrae el reglamento interno de clasificación que separa "vendedores particulares" de "vendedores profesionales". Comprueba que la regla efectivamente implementada en el sistema añade vendedores al fichero DAC7 cuando superan 30 transacciones al año o 2.000 euros en pagos al año. Hasta aquí, bien. Pero en la prueba detallada el auditor selecciona 30 vendedores aleatorios del fichero presentado y replica el cálculo desde los logs transaccionales en bruto.

Paso 2: aparición del fallo. De los 30 vendedores muestreados, 2 muestran clasificación incorrecta. El primer caso (vendedor ID 4521) figura como "ocasional" con 1.850 euros reportados, pero la suma de transacciones brutas en bruto del año arroja 2.140 euros. Diferencia: una devolución de 290 euros que el sistema restó del importe reportado. La directiva delegada exige reportar el importe íntegro abonado, sin descontar la devolución posterior. El vendedor estaba por encima del umbral y debería haber sido reportado como tal, pero el sistema lo neteó.

El segundo caso (vendedor ID 7783) es el opuesto. Aparece como vendedor reportable con 32 transacciones, pero al revisar el detalle se ve que 5 de esas transacciones son reembolsos negativos que el sistema cuenta como transacciones independientes. El número real de operaciones es 27, por debajo del umbral. Aquí la plataforma reportó datos de un vendedor que no debía aparecer en el fichero. Datos personales en manos de la AEAT que no deberían estar ahí, problema de RGPD añadido al de DAC7.

Paso 3: la conversación con el cliente. Este es el momento incómodo. El director financiero defiende que el sistema "lleva tres años funcionando bien" y que el equipo de cumplimiento lo validó en su día. El auditor le explica que los dos errores localizados en una muestra de 30 sugieren un porcentaje de error del 6,7%, lo que sobre 50.000 vendedores significa potencialmente 3.350 registros mal clasificados. Si la AEAT realiza un cruce y detecta divergencias, la plataforma se enfrenta a un requerimiento masivo. La conversación deriva en aceptar una recomendación de auditoría de sistemas y una rectificación voluntaria del Modelo 040.

Paso 4: documentación final. PT-DAC7-01 documenta la lógica de clasificación con captura de pantalla del reglamento de negocio. PT-DAC7-02 recoge la prueba detallada de 30 vendedores con los dos hallazgos. PT-DAC7-03 incluye la carta de manifestaciones del cliente reconociendo la incidencia y comprometiendo la rectificación voluntaria antes del 31 de marzo de 2025. La conclusión del trabajo es que existe un control deficiente, pero el efecto sobre los estados financieros es nulo (DAC7 no afecta a la cuenta de resultados de la plataforma, solo al cumplimiento normativo del cliente). El informe de auditoría no se modifica. La carta de recomendaciones a la dirección sí incorpora el hallazgo.

Qué revisores y auditores confunden frecuentemente

- Mezclar el umbral DAC7 con el umbral del IVA-OSS. Son cosas distintas. DAC7 mira las transacciones del vendedor en la plataforma. El IVA-OSS mira las ventas a distancia intracomunitarias del vendedor. Un vendedor puede estar dentro de DAC7 y fuera del OSS, o al revés. Algún papel de trabajo que he revisado mezcla ambos análisis en una misma matriz, lo cual confunde al revisor de calidad y al inspector si llega.

- Asumir que el operador de plataforma es responsable del IVA del vendedor. No lo es, salvo en los supuestos del artículo 14 bis de la Directiva IVA (deemed supplier, importaciones de bajo valor o ventas facilitadas por interfaz electrónica desde fuera de la UE). DAC7 es información, no recaudación. Confundir ambas cosas lleva a sobreestimar el alcance del trabajo.

- Olvidar la diligencia debida sobre el propio vendedor. El artículo 54 ter del RGGI exige que el operador verifique la información proporcionada por el vendedor con un nivel razonable de confianza, contrastando documentación de identificación. Muchos operadores se conforman con que el vendedor rellene un formulario al darse de alta y no vuelven a comprobar nada. Si el NIF es falso o está incompleto, el reporte se presenta con errores, lo que activa la sanción de 600 euros por registro. El auditor debe pedir el procedimiento de diligencia debida documentado, no solo el fichero final.

- Tratar DAC7 como problema solo del operador. Si el cliente del auditor es un vendedor profesional que opera en plataformas (tienda online en Etsy, alquiler turístico en Airbnb), el auditor debe preguntar si el cliente ha conciliado los datos del Modelo 040 que la plataforma haya presentado contra él con sus propios libros y declaraciones de IVA y de IS. Las divergencias son materia frecuente de requerimiento AEAT.

Términos relacionados

- Intercambio automático de información fiscal: marco general de intercambio entre administraciones tributarias del que DAC7 es la pieza específica para plataformas digitales. - Cumplimiento normativo en plataformas digitales: categoría amplia de obligaciones regulatorias del operador, incluyendo DAC7, IVA-OSS, DSA y MiCA cuando aplica. - Diligencia debida sobre el vendedor: procedimiento concreto que exige el artículo 54 ter del RGGI antes de poder reportar al vendedor. - Riesgo de cumplimiento normativo: categoría de riesgo de auditoría aplicable a la NIA-ES 315 revisada. - Modelo 040: declaración informativa de operadores de plataformas, aprobada por Orden HAC/72/2024. - Identificación de beneficiario final: en operadores tipo sociedad, obligación complementaria que se cruza con DAC7 cuando la AEAT investiga a un operador.

Herramienta: calculadora DAC7 de umbrales por jurisdicción

La calculadora de umbrales DAC7 de ciferi identifica qué vendedores de su plataforma están sujetos a reporte según domicilio fiscal del vendedor, volumen de transacciones y jurisdicciones donde opera. Genera la matriz de clasificación trazada contra el artículo 54 ter del RGGI y plantillas de papel de trabajo lista para incorporar al expediente. Acceder a la calculadora

---